trata-Colombia

Por Carolina Guevara. Artículo publicado originalmente en Asuntos del Sur.

Dos buenas noticias para Colombia han llegado en las últimas dos semanas. Por un lado, los múltiples y engorrosos trámites para las personas que querían ir de vacaciones a cualquier país de la Unión Europea ya no serán tan engorrosos y quienes, como yo, hemos pasado los últimos años ansiando que familiares cercanos vengan a nuestra casa a tomarse aunque sea un tinto, que nuestras madres conozcan la tienda de la esquina, la vecina amable, que vea a nuestro gato, por fin podremos recibir la visita con tan solo esperar a que llegue un avión y no después de haber realizado un proceso de solicitud de visa que después de meses de trámites, citas, colas, entrevistas, certificados –sin sumar el valor total del “papeleo”-, podía terminar con una respuesta negativa (lágrimas en los ojos de mi Señora Madre, y por supuesto, en los míos).

Por otro lado, llegan noticias de La Habana que prometen ahorrarnos millones de lágrimas más. El 24 de septiembre pasado se anunció una fecha límite para la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.

Dos noticias buenas, sin lugar a dudas, que prometen eliminar temores colectivos: por un lado, la apertura de la movilidad que no puede más que dar un mensaje de aceptación e igualdad, y por otro lado la esperanza de no sumar más números a la cifra de 200.000 víctimas fatales del conflicto –81% civiles-, 27.000 personas desaparecidas, 4.744.046 desplazadas, 1.754 víctimas de violencia sexual, entre otras atrocidades. Dos buenas semanas para mirar hacia atrás y ver que las relaciones y el status quo que parecía inmodificable pueden cambiar para bien tanto con otros países, como dentro nuestro territorio, gracias al esfuerzo de los gobiernos y a la presión de la sociedad civil.

Sin embargo, junto con sus matices y sus desafíos de implementación aparece un nuevo temor: ¿Hasta dónde se está poniendo sobre la mesa de La Habana y sobre los escritorios de los Ministerios de Exteriores el compromiso para evitar que estas noticias traigan consigo un incremento dramático en el número de personas tratadas?

Desde el Observatorio de Trata de Personas en América Latina –OTPAL- de Asuntos del Sur, hemos realizado un trabajo de investigación especialmente enfocado a analizar el estado de la legislación interna y la implementación de los instrumentos internacionales vinculantes, relativos al delito de la trata de personas en Colombia. Esta investigación nos permitió evidenciar que, por un lado las fronteras abiertas podrían favorecer a las redes criminales, por otro lado, uno de los factores de riesgo de la trata de personas, es la condición de vulnerabilidad, pobreza y falta de oportunidades; así como en el negocio de la droga, tanto la conformación de redes criminales como el riesgo de caer víctima de las redes de trata, puede ser potenciada por estas condiciones. Muchas de las personas que actualmente hacen parte de las filas de las FARC, sin un proceso integral y total de reintegración, podrían estar en esta situación después de la desmovilización: en riesgo de caer en negocios al margen de la ley como su única posibilidad de sustento (como ha pasado con el 20% de desmovilizados de las AUC que conforman las Bandas Criminales), o con un altísimo riesgo de ser tratadas.

Podría asegurarse que parte de la agenda prioritaria de los Ministerios de Asuntos Exteriores ha sido el tema del tráfico y trata de personas. Gracias a la eliminación de las fronteras el delito de tráfico de personas ya no sería tan seductor, ya que no habría demanda para pagar por viajar de “legal”; sin embargo, el delito de la trata sí que puede verse favorecido: no es secreto que, como del internet, las redes delincuenciales sacan provecho de las fronteras abiertas.

También me atrevería a decir que dentro de alguno de los puntos tratados en La Habana, por lo menos en lo concerniente a la solución del problema de las drogas ilícitas, se tendría que haber hablado de trata de personas. Pero las dudas sobre la importancia que le habrán dado al tema se hacen más evidentes cuando se mira la prioridad que Colombia le ha dado a la erradicación del delito hasta la fecha: la política contra la trata de personas en el país es mucho más que insuficiente.

Si revisamos de nuevo las cifras de los casos investigados y personas atendidas, la respuesta evidente es no. Colombia no está preparada. Pero eso no significa que como no estamos preparados para abordar los desafíos que se vienen vamos a negarnos a la eliminación de la visa para la entrada al espacio Schengen y mucho menos a la firma de los acuerdos de paz, que es, desde todos los puntos de vista, positivo.La implementación de los procesos de investigación y judicialización ha sido muy débil, y la coordinación entre diferentes organismos es irrisoria; el enfoque de derechos humanos no ha sido transversal y la reparación a las víctimas es una ilusión. De entre 70.000 y 105.000 víctimas estimadas al año, solo 46 personas fueron asistidas, 143 casos investigados, 23 de ellos con condena en 2013. Ahora, con las fronteras más abiertas tanto a nivel legal (con la Unión Europea) y a nivel de seguridad (con la firma del acuerdo de paz)¿está preparada Colombia para que no se disparen las cifras de personas tratadas? ¿Están preparadas las instituciones para fortalecer sus departamentos policiales y otorgar el presupuesto necesario para afrontar el delito? ¿Están preparados tanto los presupuestos como el recurso humano para atender a las víctimas, sin revictimizarlas, tratándolas como personas y, sobre todo, ofreciendo reparación?

Nadie sabe a ciencia cierta de qué manera se presentarán los nuevos desafíos, de qué manera se conformarán nuevas maneras de cometer el delito, de qué manera estará enfrentando el país, sus instituciones y sobre todo su población las diferentes dinámicas que se generarán después de la firma de los acuerdos. Pero es precisamente por esto que todos los posibles escenarios deben ser contemplados, especialmente en el momento de la asignación de presupuestos y de responsabilidades.

Es por esto que es ahora que Es imprescindible que el gobierno escuche a las organizaciones de la sociedad civil que se han hecho cargo de la responsabilidad estatal de la asistencia a las víctimas. Que tanto gobierno como sociedad civil muestren una agenda en común (financiada por el gobierno) de procesos de atención y reparación. Que el gobierno trabaje más duro en materia de nuevos modelos de investigación y persecución policial, de acuerdos bilaterales (especialmente en zonas fronterizas) para que los esfuerzos nacionales, tanto de Colombia como de países vecinos, no se vean entorpecidos por la desinformación, descoordinación y corrupción de las instituciones en las fronteras.

Es necesario que se muestre a la población que para el Gobierno, así como es prioritario acabar con la guerra, así como es prioritario mejorar las relaciones internacionales y eliminar la criminalización por medio de restricciones burocráticas, también es una prioridad garantizar a todos y todas los/las nacionales colombianos/as que no van a ser esclavizadas algún día, y garantizar a las más de 70.000 personas que han sido esclavizadas durante el último año, que la reparación, aunque no va a deshacer los horrores que sufrieron, es lo mínimo a lo que tienen derecho.

En síntesis, es un momento coyuntural fundamental para que el gobierno nacional colombiano ponga sobre la mesa también el tema de la trata de personas, tan importante como muchos otros temas y que está tan enquistado como invisibilizado en los dos escenarios tan sonados en las últimas dos semanas en la prensa internacional.

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